Laura Sarabia, una de las figuras más cercanas al presidente colombiano Gustavo Petro, presentó su renuncia como ministra de Relaciones Exteriores luego de una trayectoria política breve pero intensa, en la que ocupó cuatro cargos estratégicos dentro del actual gobierno. Su salida del Ministerio se produjo tras varios desacuerdos con la Casa de Nariño y luego de una serie de episodios que generaron gran controversia pública y tensiones internas en el Ejecutivo.
Sarabia, politóloga de 31 años y nacida en Bogotá en el seno de una familia de clase media, se convirtió en la canciller más joven en la historia del país. Su renuncia fue oficializada mediante una carta publicada en redes sociales, donde expresó su desacuerdo con algunas decisiones recientes de la administración y dejó entrever un distanciamiento progresivo con el presidente.
La exministra mencionó que en días recientes se implementaron acciones con las que no estaba de acuerdo, lo cual la llevó a dimitir por «consistencia personal y respeto institucional». Una de las desavenencias más notables fue el debate sobre el trámite de expedición de pasaportes, que desde septiembre será gestionado por una entidad pública colombiana en cooperación con un aliado internacional. Sarabia veía esta decisión como arriesgada debido a la carencia de preparación técnica del nuevo sistema.
Previo a su paso por la Cancillería, Sarabia había ocupado varios cargos de alta responsabilidad. Fue jefa del Despacho Presidencial, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y responsable del Departamento de Prosperidad Social. Su ascenso en el gobierno fue meteórico, pasando de ser asesora de un senador al corazón del Ejecutivo. En campaña electoral, fue considerada una pieza fundamental en la estrategia de Petro, quien ha elogiado públicamente su disciplina, capacidad organizativa y lealtad.
No obstante, su tiempo en el gobierno no estuvo libre de controversias. El incidente más serio fue denominado “niñeragate”, un escándalo que surgió tras la revelación de un supuesto uso ilegal de polígrafo a la cuidadora de su hijo, en la residencia presidencial. Más tarde, se descubrió que tanto esta empleada del hogar como otra trabajadora fueron sujetas a intervenciones telefónicas indebidas por parte de integrantes de la Policía Nacional. Como resultado, dos oficiales recibieron condenas judiciales.
El bochorno causó su primer retiro del gobierno, pero Sarabia volvió pronto en una diferente posición importante. En ese período, se divulgaron grabaciones de charlas con su exjefe político, quien ocupa actualmente el cargo de ministro del Interior, donde quedaban claras las tensiones y recriminaciones mutuas. Varios meses después, la exfuncionaria llevó una denuncia contra este ministro a la Fiscalía por maltratos verbales y de género, agravando aún más la división interna.
Su participación en el gabinete fue objeto de críticas por algunas partes, no solo debido a los escándalos, sino también por su modo de liderazgo, que algunos colegas vieron como centralizador y poco inclusivo. Altas funcionarias del gobierno expresaron abiertamente discrepancias con su manera de manejar el poder, acusándola incluso de impedir que otros miembros del Ejecutivo tuvieran acceso al presidente.
La incorporación de Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores fue vista como un esfuerzo del presidente para asignarle un papel con más proyección internacional, alejándola de las tareas internas directas. En su corta administración, fomentó vínculos bilaterales, facilitó reuniones diplomáticas de alto nivel y se involucró en foros multilaterales. No obstante, su tiempo en el puesto fue breve: solo cinco meses después de asumir el cargo, optó por renunciar.
A pesar de las controversias que rodearon su figura, Sarabia demostró una capacidad singular para ocupar espacios de poder en un entorno político altamente volátil. Su futuro político es incierto, aunque es considerada por analistas como una figura que podría regresar al escenario nacional, ya sea en el Ejecutivo o desde otro rol de influencia.
Su dimisión señala el cierre de una etapa y amplifica la discusión en torno a la dirección interna del gobierno, la influencia de las decisiones personales en la administración pública y los confines de la lealtad en el ejercicio del poder. En un entorno de creciente tensión dentro del oficialismo, la partida de una de las colaboradoras más allegadas al presidente revela las divisiones internas y las dificultades para preservar la unidad en el equipo gubernamental.
