Un nuevo episodio en la discusión sobre la reforma del sistema de salud ha activado las alarmas en varios ámbitos. El Ministerio de Salud se prepara para emitir un decreto que busca avanzar en la aplicación de elementos fundamentales de la reforma sin requerir la aprobación del legislativo. La medida, que algunos han descrito como un “camino alterno legal”, ha provocado inseguridad jurídica, inquietud económica y un aumento en la polémica política.
El decreto mencionado propone establecer la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud (RIISS), una entidad que ya estaba sugerida en el texto original de la reforma discutida pero no aprobada en el Congreso. Con esta organización, se modificaría la contratación y prestación de los servicios de salud, transfiriendo funciones esenciales a los organismos territoriales y cambiando el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el Gobierno defiende que el decreto está respaldado por regulaciones existentes y no necesita pasar por el proceso legislativo, especialistas en derecho constitucional y estudiosos del sector salud han señalado que este documento excede una mera regulación administrativa. Ellos sostienen que el texto propone modificaciones significativas al sistema vigente de aseguramiento, lo cual, en su perspectiva, debería ser discutido y ratificado en el Congreso de la República, respetando el principio de separación de poderes.
Uno de los aspectos más criticados es la ausencia de claridad sobre las fuentes de financiamiento necesarias para garantizar la implementación de la RIISS. El nuevo modelo implicaría que los recursos del sistema de salud sean manejados directamente por las Administradoras de Recursos de Salud (Adres) y por autoridades locales, lo que modificaría el flujo tradicional del dinero que hoy transita por las EPS. Según cálculos preliminares, se requerirían miles de millones de pesos adicionales para poner en marcha las nuevas redes, pero no existe, hasta ahora, una fuente concreta y sostenible que respalde ese gasto.
En paralelo, diversos actores del sistema de salud —incluidos gobernadores, secretarios de salud departamentales y organizaciones de profesionales del sector— han manifestado su preocupación por la inminente entrada en vigor de un modelo que no ha sido probado ni en fase piloto. Temen que, en ausencia de una planificación adecuada, se generen vacíos en la prestación del servicio, se profundicen las deudas con clínicas y hospitales, y se agraven los problemas ya existentes, como los retrasos en pagos a proveedores y la saturación en la atención primaria.
El Ministerio, en su posición, argumenta que el decreto es esencial para impulsar la transformación del sistema y evitar que la oposición política continúe retrasando decisiones apremiantes. Afirma que la implementación será gradual y que se velará por los derechos de los usuarios, asegurando también la continuidad en el servicio médico. No obstante, las garantías sobre el funcionamiento del nuevo modelo siguen siendo limitadas y el texto definitivo del decreto aún no se ha dado a conocer, lo que aumenta la incertidumbre.
Algunos sectores políticos han anunciado que podrían recurrir a mecanismos legales para frenar su entrada en vigencia, argumentando que se trata de un uso indebido del poder reglamentario. Incluso se plantea la posibilidad de que la Corte Constitucional sea llamada a revisar el alcance del decreto, en caso de que se demuestre que sustituye la función legislativa sin el debido debate democrático.
Mientras tanto, tanto los pacientes como los empleados del sector vigilan con inquietud una reforma que, más allá de sus objetivos, aún no logra aclarar las incógnitas sobre su viabilidad técnica, legal o económica. La cuestión de fondo sigue en debate: ¿es válido que el Ejecutivo prosiga con la reforma estructural del sistema de salud mediante procedimientos administrativos, sin el apoyo del Congreso? ¿O es una reacción imprescindible ante un sistema que ha sido profundamente criticado durante años?
La realidad es que, mediante este decreto, la nación se acerca a un momento crítico en el ámbito de las políticas de salud, en un entorno de intensa polarización institucional y con repercusiones que podrían definir el futuro del sistema sanitario en los años venideros.
