Tras una extensa pausa ocasionada por problemas contractuales, disputas legales y limitaciones de financiación, el Museo de la Memoria en Bogotá retoma su marcha con un plan progresivo: habilitar una sección para visitantes en 2027 y finalizar la obra en 2029.
Una reactivación orientada a lograr efectos palpables en el corto y mediano plazo
Tras más de tres años detenido, el proyecto del Museo de la Memoria —bajo la órbita del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)— vuelve a obra con un cronograma que prioriza habilitar áreas esenciales antes de la entrega total. La apuesta consiste en abrir parcialmente el edificio hacia el final del primer trimestre de 2027, para luego avanzar hasta la culminación en 2029. La obra se localiza en la intersección de la carrera 30 con la avenida de Las Américas, un punto neurálgico de Bogotá que facilitará el acceso del público una vez operen los primeros espacios.
El plan de reactivación inicia con la intervención de 5.277 metros cuadrados, cerca de un tercio del complejo, espacio suficiente para habilitar las primeras salas, zonas técnicas y servicios esenciales para los visitantes; esta ejecución por etapas no solo se ajusta a los tiempos presupuestales, sino que también atiende la urgencia de retomar el impulso de un proyecto que, por su simbolismo y valor cultural, ha acumulado expectativas de víctimas, organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, y con esta ruta de trabajo el CNMH pretende evidenciar progresos reales sin poner en riesgo la calidad ni la seguridad de la obra.
Qué se entregará primero y cómo funcionará la apertura gradual
La primera fase de esta etapa se centrará en finalizar el vestíbulo principal y los accesos exteriores, poner en funcionamiento los servicios dirigidos al visitante —recepción, punto de información, tienda y cafetería— y abrir una sala inaugural de exhibiciones. Entre los contenidos programados se encuentra “Voces para transformar Colombia”, un referente curatorial que articulará el guion general del museo y que, tras el levantamiento de las medidas cautelares por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dispondrá de un espacio propio. Con esta determinación judicial se eliminó un obstáculo determinante: asegurar que los relatos y memorias integren diversidad y participación real de las víctimas.
En paralelo, se pondrán a punto áreas técnicas indispensables para la operación cotidiana: parte de los parqueaderos y zonas de soporte en el sótano, así como bodegas para preservar colecciones. El segundo piso incluirá otra sala expositiva y un conjunto de oficinas que permitirá al equipo del museo trasladar operaciones al edificio, fortaleciendo la presencia institucional in situ. La intención es que, con este “núcleo operativo mínimo”, el museo empiece a recibir visitantes y a realizar actividades públicas mientras continúan los trabajos en el resto del complejo.
Propuestas curatoriales y experiencias proyectadas en los niveles iniciales
La programación expositiva planteada pretende articular experiencia, archivo y labor pedagógica, y en su primer nivel se propone activar espacios de fuerte simbolismo y arraigo comunitario, como el “Café para la paz”, un muro destinado a honrar la memoria de las personas víctimas de desaparición forzada y dispositivos participativos como las “constelaciones de la memoria”; estos elementos buscan generar un punto de encuentro entre memorias locales y relatos de alcance nacional, promoviendo prácticas de duelo, reconocimiento colectivo y diálogo ciudadano.
En el segundo nivel, la sala “Conflicto” presentará una línea de tiempo que abarca hitos desde finales de los años treinta, incluyendo las transformaciones en el campo, la aparición y evolución de diversos actores armados, la influencia del narcotráfico, el efecto sobre los liderazgos sociales y las etapas que desembocan en el Acuerdo de 2016. Esta organización no busca cerrar discusiones, sino brindar un soporte cronológico y documental que facilite a las audiencias comprender los procesos, detectar sus patrones y reconocer la diversidad de voces que integran la memoria del país.
Presupuesto, calendario y el contrato de obra actualizado
Para iniciar la reactivación se dispuso de un paquete inicial de recursos. En 2025 ya se cuentan con 21.000 millones de pesos apropiados, que al sumarse a los saldos del proyecto alcanzan cerca de 37.000 millones para retomar los frentes más críticos. Para 2026 se prevé adicionar otros 29.000 millones, con un costo global calculado alrededor de 100.000 millones para culminar la obra. Esta estructura de financiación por vigencias hace posible avanzar por fases y disminuir el riesgo de retrasos por falta de disponibilidad de caja.
La ejecución del proyecto, que comprende unos 14.000 metros cuadrados de edificación, fue encomendada al Consorcio Memorial, conformado por Ossa López S.A.S., Telval S.A.S. y Bernardo Ancízar Ossa López. La elección de este contratista representa un giro respecto a la fase anterior, que concluyó con la retirada de la empresa española OHLA tras repetidos retrasos y la finalización del contrato en octubre de 2022, momento en el que la obra aún no lograba el nivel de avance previsto. El nuevo operador afronta el desafío con un diseño reorganizado en etapas y objetivos parciales verificables, lo que debería reflejarse en un control más estricto de los tiempos y los entregables.
Precisiones acerca de la estabilidad estructural y la resistencia sísmica
Una de las polémicas que rodearon el proyecto fue un informe interno divulgado en 2023, según el cual existían deficiencias en muros y concretos a la vista que podrían afectar la sismorresistencia. Desde la dirección del CNMH se ha desestimado la validez de ese documento, señalando que los conceptos técnicos competen a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), entidad responsable de grandes proyectos de infraestructura del Estado y del seguimiento técnico de esta obra. De acuerdo con la dirección actual, no hay reportes oficiales que confirmen fallas estructurales ni incumplimientos de norma sismo resistente.
La reanudación, en todo caso, integra verificaciones adicionales, controles reforzados y una trazabilidad más rigurosa de los procedimientos constructivos, orientados a proteger el proyecto frente a objeciones técnicas y a asegurar el rendimiento del edificio. Estos criterios podrán ser auditados, un punto clave para un museo que busca posicionarse como referente nacional e internacional tanto por su propuesta expositiva como por su arquitectura.
Intervención de las víctimas y verificación del guion museológico
El relanzamiento del proyecto viene acompañado de un compromiso explícito con la participación social. El CNMH informó que el plan y el guion museológico han sido actualizados y que se encuentran en procesos de validación con organizaciones de víctimas y actores sociales. Se prevé implementar metodologías de trabajo en territorio, de modo que los seis espacios principales del guion integren narrativas plurales, enfoques diferenciales y mecanismos de participación verificables.
Esta ruta es clave para la legitimidad del museo. Al reconocer que la memoria del conflicto es poliédrica y a menudo disputada, el proyecto asume el reto de construir relatos que no invisibilicen experiencias, que cuiden el lenguaje y que propicien preguntas informadas. La exposición “Voces para transformar Colombia”, ahora sin restricciones cautelares, será la base articuladora del relato integral del museo, conectando memorias locales con una lectura nacional del ciclo de violencia y sus transiciones.
Aprendizajes derivados del pasado reciente y mejoras aplicadas a la gobernanza del proyecto
El Museo de la Memoria ha atravesado un recorrido complejo desde su concepción, pues aunque el diseño del edificio surgió de un concurso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el presupuesto estatal inicial resultó insuficiente para ejecutar por completo la propuesta ganadora, lo que obligó a aplicar recortes y ajustes técnicos; posteriormente, la adjudicación de 2020 a OHLA por 64.000 millones generó retrasos continuos, la terminación del contrato y disputas legales: la empresa reclamó cerca de 23.000 millones argumentando fallas en el diseño y en la ejecución, mientras que la ANIM presentó una contrademanda por aproximadamente 55.000 millones debido a presuntos incumplimientos y problemas de calidad, procesos que aún avanzan y cuyo desenlace podría tardar.
Para destrabar la parálisis, la ANIM y el CNMH llevaron a cabo un cierre legal y financiero que estimó en cerca de 100.000 millones el costo de reactivar el proceso, estructurando un nuevo proyecto de inversión con vigencias para 2025, 2026 y 2027. También se implementó un esquema de hitos por etapas con metas verificables, lo que hace posible exhibir progresos relevantes al público sin aguardar la conclusión total. Esta forma de gobernanza por segmentos procura reducir riesgos y optimizar la articulación entre la supervisión técnica, la interventoría y el contratista.
Un museo con vocación de servicio público y memoria plural
El propósito esencial del Museo de la Memoria trasciende su diseño arquitectónico, pues su verdadero valor reside en brindar un espacio para comprender el conflicto armado, reconocer la dignidad de las víctimas y fomentar prácticas orientadas a evitar su repetición. La apertura parcial prevista para 2027 hará posible poner en marcha servicios al público, iniciativas educativas y áreas para el encuentro comunitario, incluso mientras continúan los trabajos de construcción. Esta etapa será además una ocasión para ensayar contenidos, modificar rutas de visita y consolidar estrategias pedagógicas sustentadas en la retroalimentación de visitantes y colectivos.
En esa línea, la curaduría procura evitar interpretaciones únicas o definitivas, y la incorporación de cronologías, archivos, relatos y mecanismos de participación pretende ofrecer a cada visitante recursos que le permitan comprender el pasado cercano y tomar posición ante sus dilemas éticos y políticos. El museo, entendido como un bien público, aspira a funcionar con criterios de transparencia, apertura al cuestionamiento y responsabilidad en torno a sus decisiones curatoriales y administrativas.
Próximos pasos y horizonte hacia 2029
Con la contratación en firme, recursos comprometidos y un plan por fases, el corto plazo se enfocará en obras civiles del vestíbulo y accesos, adecuaciones técnicas del sótano, terminación de la primera sala y el acondicionamiento del segundo nivel para la operación institucional. En paralelo, continuarán las validaciones del guion con organizaciones de víctimas y el diseño de experiencias museográficas que equilibren rigor histórico y accesibilidad para públicos diversos.
Si el cronograma se cumple, el museo pondrá en marcha una operación parcial a comienzos de 2027 y, de manera gradual, ampliará sus servicios hasta culminar la totalidad del edificio en 2029. Aunque ese plazo no borra desafíos como la administración de recursos, la estabilidad de los costos o la articulación entre instituciones, sí plantea una ruta viable para que el país cuente, al fin, con un espacio de memoria que esté a la altura de la dimensión de su historia reciente. Esta reactivación no solo impulsa la construcción física, sino que también abre la posibilidad de retomar un diálogo social pendiente que, con prudencia y diversidad, podría transformar la memoria en un instrumento vivo para la paz.
