El mundo enfrenta una cuenta regresiva climática que ya no admite dilaciones. A una década del Acuerdo de París, los compromisos, los avances y las brechas se miden no en discursos, sino en grados de temperatura, impactos reales y decisiones que marcarán el futuro de las próximas generaciones.
En 2015, casi doscientos países acordaron un marco común para enfrentar la mayor amenaza ambiental de la era moderna: el cambio climático. El Acuerdo de París estableció como objetivo central limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, una cifra que, más que un número técnico, representaba una línea de defensa para la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana. Diez años después, esa meta sigue siendo el principal referente, pero el contexto es más urgente y desafiante. Las proyecciones actuales indican que, con los compromisos vigentes, el planeta se encamina a un aumento de entre 2,6 y 3,1 °C, un escenario que multiplicaría los riesgos climáticos, sociales y económicos a escala global.
El año 2024 representó un giro simbólico y profundamente inquietante: por primera vez, la temperatura media global anual rebasó el límite de 1,5 °C. Aunque este acontecimiento no significa que la meta esté irremediablemente perdida, sí evidencia que el margen para actuar se reduce a gran velocidad. El mensaje resulta claro y contundente: la acción climática dejó de ser una meta estratégica para transformarse en una urgencia estructural que influye en todas las esferas del desarrollo.
El Acuerdo de París como brújula en un mundo más inestable
El significado del Acuerdo de París va más allá de fijar cifras, ya que logró trazar una orientación conjunta dentro de un escenario internacional disperso. Por primera vez, tanto las naciones desarrolladas como las que están en desarrollo aceptaron obligaciones climáticas bajo un mismo marco, acompañado de evaluaciones periódicas y de un principio de mejora continua que exige incrementar la ambición con el paso del tiempo.
Sin embargo, la brecha entre los compromisos declarados y las reducciones efectivas de emisiones sigue siendo significativa. La economía global continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, mientras que los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las crisis energéticas han puesto a prueba la coherencia de las políticas climáticas en múltiples regiones. En este contexto, cumplir con el espíritu del Acuerdo de París exige algo más que planes nacionales: requiere voluntad política sostenida, innovación tecnológica, financiamiento adecuado y una participación activa de actores no estatales, especialmente el sector privado y la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París continúa siendo la guía que marca el rumbo de la acción climática mundial, aunque por sí mismo no asegura alcanzar la meta; la rapidez y coherencia del trayecto dependen de las decisiones que se adopten ahora, sobre todo en esta década decisiva.
Chile ante el reto mundial: progresos tangibles y un liderazgo destacado en la región
Desde su realidad geográfica y económica, Chile ha buscado posicionarse como un actor relevante en la acción climática, tanto a nivel regional como internacional. Desde 2015, el país ha experimentado una transformación profunda en su matriz energética, impulsada por una combinación de políticas públicas, inversión privada y condiciones naturales favorables.
La inversión en energías renovables se incrementó hasta multiplicarse por diez en menos de una década, lo que ha permitido que actualmente más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. El avance de la energía solar en el norte del país y el impulso de parques eólicos distribuidos por todo el territorio han posicionado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en materia de transición energética en América Latina. A esto se suma su temprana incursión en la industria del hidrógeno verde, con iniciativas orientadas a transformar al país en un proveedor clave de combustibles limpios para apoyar la descarbonización a nivel mundial.
Estos avances no son fruto del azar. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 se consolidó como un hito institucional al convertir la carbono-neutralidad para 2050 en un mandato de Estado que supera los ciclos políticos. Del mismo modo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 definió objetivos precisos para disminuir las emisiones de CO₂ hacia 2030, fortaleciendo así la señal estratégica de largo plazo dirigida a inversionistas y actores económicos.
La otra cara de la crisis: impactos climáticos y necesidad de adaptación
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se expresa con intensidad en el territorio chileno. La sequía prolongada impacta a cerca del 80 % del país, modificando la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más habituales y severos, revelan la fragilidad de los paisajes y de las comunidades frente a eventos extremos que el cambio climático ha ido agudizando.
Estos impactos han situado en el centro del debate la urgencia de avanzar con igual firmeza en adaptación y resiliencia. Disminuir las emisiones resulta imprescindible, aunque por sí solo no basta. Las políticas climáticas deben prever riesgos, reforzar las capacidades locales y resguardar a los sectores más expuestos, especialmente a las comunidades rurales, los pueblos originarios y los grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC presentada por Chile en la COP30 representó un paso relevante. El nuevo marco para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e incorporó de manera más robusta la adaptación, la resiliencia y la justicia social como ejes centrales de la acción climática. Este enfoque reconoce que la transición no puede ser únicamente tecnológica, sino también social y territorial.
Transición justa y herramientas económicas para el cambio
Uno de los aspectos más significativos de la actualización de la NDC chilena es la inclusión explícita de criterios vinculados a una transición justa, lo que supone admitir que la descarbonización provoca efectos distintos en trabajadores, comunidades y ramas productivas, y que esos efectos requieren ser abordados con anticipación y mediante procesos participativos.
La transición justa procura que nadie quede excluido durante el cambio, impulsando la adaptación profesional, la adquisición de nuevas competencias y la intervención activa de los territorios en las decisiones, un enfoque esencial para mantener el respaldo social a la acción climática y evitar que las políticas ambientales amplíen desigualdades ya existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la incorporación de instrumentos económicos que refuercen las señales de mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la introducción del precio social del carbono buscan internalizar los costos ambientales de las emisiones, incentivando decisiones de inversión más alineadas con los objetivos climáticos. Estas herramientas, bien diseñadas, pueden acelerar la transición al tiempo que generan recursos para financiar medidas de adaptación y protección social.
La responsabilidad de las empresas ante el cambio climático
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La implementación de metas respaldadas por ciencia, la divulgación transparente de las emisiones y la incorporación de la gestión de riesgos climáticos dentro de la estrategia corporativa constituyen pasos esenciales para avanzar en esta ruta. Del mismo modo, la capacidad de las empresas para resistir eventos climáticos extremos se ha vuelto un elemento decisivo para su competitividad y la continuidad de sus operaciones.
En Chile, la colaboración entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha impulsado avances en este ámbito; sin embargo, persisten brechas significativas. Convertir el compromiso en acciones concretas exige fortalecer capacidades técnicas, asegurar financiamiento y adoptar una visión sostenible que incorpore a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, participación y corresponsabilidad social
La magnitud del desafío climático exige una transformación profunda de los modelos de desarrollo. Innovar no solo en tecnologías limpias, sino también en gobernanza, financiamiento y participación ciudadana, es indispensable para acelerar el cambio. La acción climática efectiva se construye desde múltiples niveles, combinando políticas nacionales con iniciativas locales y esfuerzos individuales.
La participación ciudadana desempeña un papel esencial en este proceso, ya que al informar, educar y brindar herramientas a la población se fortalece una base social capaz de respaldar las decisiones complejas que demanda la transición, desde la modificación de hábitos de consumo hasta la implementación de reformas profundas en sectores estratégicos de la economía, y sin este apoyo las políticas climáticas pueden quedar expuestas a la pérdida de continuidad o eficacia.
Asimismo, la cooperación internacional sigue siendo un pilar fundamental. Compartir experiencias, transferir tecnologías y movilizar financiamiento climático hacia países en desarrollo son condiciones necesarias para que el objetivo global de 1,5 °C siga siendo alcanzable.
Diez años que transformaron de manera decisiva a Chile y al escenario mundial
A diez años del Acuerdo de París, Chile ocupa una posición clave, respaldado por avances en transición energética, fortalecimiento de su institucionalidad climática y un liderazgo regional que consolidan una base firme para ampliar la acción durante la próxima década; aun así, el margen para equivocarse es estrechísimo, pues la ciencia advierte con claridad que las decisiones adoptadas entre hoy y 2035 marcarán el curso climático del siglo.
No basta con asumir compromisos ni destacarse en métricas aisladas; el verdadero reto consiste en cumplir, ampliar y acelerar. Convertir las promesas en acciones tangibles, cuantificables y verificables es la única vía para respetar el espíritu del Acuerdo de París y salvaguardar el bienestar de las generaciones venideras.
La década que se inicia quedará marcada como el punto en que la humanidad decidió, o no, modificar su trayectoria. Para Chile, la posibilidad resulta evidente: encabezar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que disminuya las emisiones, consolide el tejido social y abra nuevas oportunidades económicas. El porvenir climático no se define con declaraciones, sino mediante decisiones adoptadas hoy con urgencia, coherencia y perspectiva de largo alcance.
