La intensificada presión económica impulsó a los gobernadores de todas las provincias de Argentina a llevar a cabo una acción coordinada sin precedentes durante el presente gobierno presidencial. En una reunión crucial, los 24 líderes provinciales se unieron para solicitar una revisión en la distribución de los recursos nacionales y plantear medidas específicas que mitiguen la crisis económica que afectan a sus regiones. Esta inusual convergencia de intereses políticos, tanto del gobierno como de la oposición, subraya la seriedad de la situación y establece un precedente en las relaciones entre el Gobierno Nacional y las provincias.
El inicio de este acuerdo surgió de la inquietud común ante la disminución continua de los ingresos provinciales a partir de finales de 2023, causada por una mezcla de elementos como el ajuste fiscal a nivel nacional, la detención de proyectos públicos y la significativa reducción de transferencias no automáticas. De acuerdo con estimaciones de la provincia, desde noviembre de ese año hasta mayo de 2025, se dejó de recibir cerca de 30 billones de pesos. Esta cifra contempla pérdidas por coparticipación, fondos manejados a discreción y recursos no utilizados que solían asignarse a programas locales.
Ante esta situación, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para suprimir dos fideicomisos financiados mediante el gravamen a los combustibles, los cuales estaban planificados inicialmente para proyectos de infraestructura. El objetivo es reasignar esos fondos a la masa coparticipable, otorgando a las provincias la capacidad de decidir su utilización sin las limitaciones establecidas por el gobierno central. Simultáneamente, se busca una repartición justa del sobrante de los Aportes del Tesoro Nacional, que actualmente controla el Ejecutivo, utilizando criterios comparables a los de la distribución primaria y secundaria.
Uno de los ejes argumentativos de los mandatarios es que no están solicitando más fondos, sino simplemente recuperar aquellos que ya les corresponden. Plantean que estos recursos permitirían estabilizar las finanzas provinciales sin poner en riesgo el superávit fiscal que el gobierno nacional se ha propuesto mantener como prioridad. Además, remarcan que si el propio discurso oficial ha señalado que los fondos fiduciarios son instrumentos ineficientes o sujetos a manejos políticos, entonces no hay razones para oponerse a su eliminación.
La acción generó respuestas en la Casa Rosada. Desde el Gobierno se indicó que se hará una propuesta alternativa, siempre y cuando no se modifique el equilibrio fiscal. Sin embargo, se enfatizó que los fondos fiduciarios tienen un propósito concreto —el mantenimiento de carreteras nacionales— y que su eliminación debe asegurar que esos recursos no se desvíen de su propósito inicial.
La escalada entre Nación y provincias no es nueva. Semanas atrás, la retención de parte de la coparticipación a Chubut desató una ola de reclamos regionales y judicializaciones. La provincia patagónica recibió el respaldo de otras jurisdicciones, consolidando un frente común que ahora se cristaliza en este nuevo proyecto legislativo. La controversia llegó a tal punto que incluyó denuncias penales cruzadas, reflejando la creciente tensión entre el federalismo provincial y el centralismo fiscal.
El Consejo Federal de Inversiones actuó como mediador en las reuniones y en la creación del proyecto. Durante las sesiones de trabajo, los gobernadores se comprometieron a proceder de manera estructurada y unificada. El consenso logrado representa no solo una reacción ante una situación económica agobiante, sino también un mensaje político evidente: el federalismo requiere una reevaluación del lazo financiero con el Estado nacional.
Aparte de la situación actual, la propuesta genera preguntas sobre el balance de poder entre las provincias y la Nación. La habilidad de los gobernadores para coordinar demandas comunes e impulsar proyectos legislativos conjuntos podría señalar el comienzo de una fase de mayor relevancia provincial en la política nacional. La administración central, mientras tanto, tendrá que determinar si cede ante esta presión conjunta o si fortalece su estrategia de control del presupuesto.
En un escenario de mayor debilidad institucional y agotamiento político, este enfoque federalista inicia una fase diferente de diálogos, tensiones y reconfiguraciones. El desenlace de esta disputa será crucial para trazar los futuros episodios de la relación entre el poder central y los gobiernos regionales, así como para entender cuánto tiempo el equilibrio fiscal puede sostenerse sin ignorar las necesidades sociales y económicas en el interior del país.
