Según lo previsto, el pleno del Congreso republicano analizará el miércoles 20 de noviembre la posibilidad de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, así como la creación de la Escuela Nacional de Justicia en lugar de la actual. . Consejo Nacional de la Magistratura (JNJ). Ambas reformas constitucionales se someten a una segunda votación y requieren al menos 87 votos a favor para su aprobación.
La propuesta de reelección inmediata implica la modificación de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución. Si se aprueba, permitiría que alcaldes y gobernadores sean reelegidos para un mandato consecutivo adicional, conservando sus mandatos de cuatro años y sus derechos de destitución existentes. Esto significa que, según las nuevas disposiciones, los gobernadores regionales, junto con sus vicepresidentes, serían elegidos por voto directo y tendrían la oportunidad de desempeñar un segundo mandato consecutivo. Del mismo modo, alcaldes y concejales podrían optar por la reelección inmediata en las mismas condiciones.
En paralelo, se discutirá el proyecto de ley 6816/2023-CR, que propone cambios significativos en el artículo 14 de la Constitución. Este proyecto se destaca por su intención de disolver la JNJ, órgano encargado de seleccionar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales, y sustituirlo por la Escuela Nacional de Justicia. Según el enfoque del artículo 150, esta nueva institución se centraría en la formación y especialización de los futuros jueces y fiscales, proporcionándoles las calificaciones necesarias y supervisando su desempeño a lo largo de su carrera.
La reforma también modifica el artículo 156, que estipula que jueces y fiscales sean evaluados continuamente por sus propias instituciones, lo que garantizaría un control disciplinario más estricto y eficaz.
Ambas propuestas han provocado un amplio debate en el ámbito político y social, pues sus consecuencias van más allá de cambios en las posiciones públicas. Estas reformas pueden afectar el sistema de justicia del país y el ejercicio del poder local. Por lo tanto, la decisión del Congreso será crucial para determinar el futuro de estas iniciativas y su impacto en la gobernabilidad y la justicia en el Perú.
